Con los cambios que dispone la ley de inclusión financiera, las cooperativas ya piensan en apostar a asociaciones y fusiones para aggiornarse a las nuevas condiciones del mercado. Ayer cruzaron argumentos con el Ministerio de Economía

“No vamos a naufragar. Creemos que es una oportunidad y el movimiento cooperativo está estudiando ir para adelante y buscar asociaciones, fusiones y lugares donde esta expresión diferente de la economía y quienes en ella creemos tengamos lugar”, dijo ayer la presidenta del Centro Cooperativista Uruguayo, Graciela Fernández, durante una conferencia organizada por CADE.

Consultada por El País, Fernández dijo que esa es una de las posibilidades habilitadas, tanto por la ley general de cooperativas como por la de inclusión financiera, aunque prefirió no dar más detalles. “Entre lo que se puede hacer de acá para adelante, esa es una de las cosas en las que se está pensando. El movimiento cooperativo no está parado como se puede querer”, afirmó.

Durante la conferencia, que también contó con la presencia del asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, el movimiento cooperativo reiteró su disconformidad con algunos puntos de la nueva ley, que se entiende las “debilita” y las pone en situación “compleja”.

“Nosotros creemos que esta ley debilita el rol histórico de las cooperativas. No ha respetado en forma suficiente el rol de inclusión financiera y eso se ve claramente en el artículo 32”, expresó Fernández a modo de ejemplo.

Este punto -uno de los más cuestionados- cambia el orden de prioridad para efectuar el descuento de sueldos cuando se otorgan créditos por nómina, y pone a las cooperativas en el mismo nivel que los bancos privados. “El golpe para las cooperativas de ahorro y crédito va a ser fuerte en el tema de las prioridades”, sostuvo Fernández.

Luego de presentar los contenidos de la ley y de escuchar a cada uno de las panelistas, Vallcorba pidió un tiempo extra para responder a algunos de los argumentos que le habían precedido.

Comenzó por valorar que las cooperativas “miren para adelante” y no sigan “ancladas en lo pasado”.

“Estamos convencidos que esta ley no va a provocar ningún naufragio”, aseguró. El asesor del MEF enfatizó en que el gobierno ha mostrado “decisión” en apoyar al movimiento cooperativo, pero remarcó que ese apoyo no puede ir “en perjuicio de los uruguayos”.

“Por ejemplo, si las dificultades que tenemos en cuanto a la posibilidad de dar créditos baratos es el fondeo, la solución tiene que pasar por buscar mecanismos y alternativas que faciliten el fondeo y no trasladar el costo de ese fondeo a los cooperativistas que es a los que debemos beneficiar”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados es el aumento del mínimo intangible. La ley establece que al momento de hacerse efectivos los descuentos para el cobro de los créditos contra cobro de sueldo, ninguna persona podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad de dinero inferior al 30% del monto nominal, una vez deducidos los impuestos a las rentas y las contribuciones especiales de seguridad social. Ese porcentaje se elevará a 35% en 2015, a 40% en 2016, a 45% en 2017 y a 50% en 2018.

Vallcorba defendió este punto. “La ley es muy prudente y gradual. Se dan cuatro años para que todas las partes, cooperativas y trabajadores puedan ir adaptándose”, afirmó.

En otro punto de su alocución el asesor del MEF destacó que la ley “transforma sustancialmente” el funcionamiento de pago del sistema financiero, porque “no se está conforme” en cómo funciona actualmente.

“Es una ley que ataca el status quo, sin ninguna duda y que provoca transformaciones muy importantes. No es suficiente, por ejemplo, el aporte que ha hecho el movimiento cooperativo en términos de inclusión financiera. Hay mucho más por hacer”, afirmó.

En su presentación, Vallcorba destacó que la ley “ataca en el corazón a los problemas de competencia” en el sistema financiero. “Es claro que estamos generando competencia para los bancos, para que mejoren los servicios que le brindan a la población”, sostuvo.
“El efecto AFAP”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (ABPU), Jorge Ottavianelli, destacó que para lograr buenos resultados será clave la “educación financiera”. Además, definió como esencial que se consideren los potenciales riesgos que se agregan al sistema financiero para que se puedan “mitigar”.

El ejecutivo reconoció que la ley “abre oportunidades” para los bancos y puso como ejemplo, el impulso al desarrollo de productos de baja penetración, como las tarjetas de débito y la incorporación de los asalariados que están fuera del sistema bancario.

No obstante, subrayó que se plantean algunas “potenciales” amenazas como los emisores dinero electrónico y la pérdida de negocios por el cobro que se realiza a las empresas para administrar las cuentas salario de los trabajadores.

En este sentido, aseguró que la posibilidad de que el trabajador elija en qué banco cobrar su salario puede llevar a lo que definió como “el efecto AFAP”, una competencia “descarnada” entre instituciones financieras por tratar de “robar” potenciales clientes. Además, Ottavianelli advirtió que puede haber costos que pueden “hacer inviable el negocio”, como los de las nuevas cuentas de sueldos y los relacionados a la extensión de las redes para implementar el nuevo sistema. “Son cosas que hay que negociar para ver si se pueden absorber”, dijo.

La ley prevé que las cuentas bancarias para el pago de salarios y pasividades no tengan costo de apertura, mantenimiento ni saldo mínimo, y que puedan hacerse hasta cinco extracciones y ocho transferencias sin costo al mes por titular.
Claves de la ley de inclusión

Una de las claves de la ley de inclusión financiera es que el pago de salarios, beneficios sociales, nuevas jubilaciones y honorarios profesionales se deberá realizar de forma obligatoria, a través de cuentas bancarias utilizando tarjetas de débito o mediante el uso de dinero electrónico (tarjetas prepagas).

Las cuentas de nómina (cobro de sueldo) se podrán habilitar en bancos o en emisoras de dinero electrónico (redes de pago) y permiten al trabajador acceder a crédito con descuento de su salario (tiene un interés menor que cualquier otro crédito).

Desde el 1° de agosto, las compras con tarjeta de débito o tarjeta prepaga pagarán un IVA de 18% (tasa básica) y 6% (tasa mínima).
TRES ARGUMENTOS
Martín Vallcorba – Asesor del MEF

El objetivo de la ley que promueve el gobierno es mejorar el acceso de la población a servicios financieros (ahorro y crédito básicamente), reducir la utilización del dinero en efectivo como medio de pago, rebajar el IVA y fomentar una mayor formalización de toda la economía.
Santiago Pérez del Castillo – Abogado laboralista

El especialista en derecho laboral dijo que la ley “es prudente”. Además, señaló que los créditos de nómina son “una manera simpática” de inclusión financiera y de “combate a la pobreza en la medida que la gente le pierda el miedo a manejarse” con ellos.
Jorge Bergalli – Colegio de Contadores

Sostuvo que la ley no hace referencia a la supervisión de procesos tecnológicos y protección del secreto bancario o de datos de las personas que manejen dinero electrónico. Además, considero que los instituciones que sean emisores de dinero electrónico no tienen ninguna ventaja.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/economia/finanzas/cooperativas-preven-fusiones-ley-que.html