Declaración del Consejo de Administración aprobada en la última reunión de Panamá el día 17 de Febrero de 2017.

CONSIDERANDO:

Que la globalización hegemonizada por el capital financiero concentrado está poniendo en riesgo los acuerdos internacionales en base a los cuales los seres humanos intentamos convivir en Paz, dando lugar a nacionalismos xenófobos y belicistas, que sólo profundizarán las desigualdades sociales y territoriales.

Que ello ocurre porque todo el sistema político internacional, laboriosamente forjado luego de las grandes guerras del siglo XX, pierde legitimidad cuando los derechos sociales son groseramente vulnerados y la concentración de la riqueza adquiere grados que afectan la sostenibilidad económica, social y ambiental del planeta.

Que en el continente de las Américas el peor ejemplo de esta tendencia es el muro que el gobierno de EEUU quiere construir en su frontera con México, a lo que se suman discursos xenófobos, racistas y belicistas, que promueven la discriminación y la concentración del poder económico en un territorio en detrimento del desarrollo sostenible global.

Que ello resulta flagrantemente contradictorio con las obligaciones asumidas por los Estados parte en la Carta de Naciones Unidas, donde se manifiesta que se comprometen a crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones y que para ello se promoverán niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social (Artículo 55).

Que también resulta conculcante de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se afirma que toda persona tiene derecho a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (Art. 22), e incluso tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos (Art. 28).

Que resulta contradictorio con los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, donde se afirma que la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera y que la cooperación económica es esencial para el bienestar y la prosperidad comunes de los pueblos del Continente (Art. 3).

Que en la Carta de la OEA los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad, y dejan claro que el desarrollo integral es responsabilidad común de todos los Estados miembro: la cooperación interamericana para el desarrollo integral es responsabilidad común y solidaria de los Estados miembros en el marco de los principios democráticos y de las instituciones del sistema interamericano (Art. 31).

Que la Carta de la OEA también reconoce las desigualdades entre sus miembros y promueve la cooperación internacional y la unidad latinoamericana como respuestas frente a esto (artículo 44).

Que la concentración del poder económico provoca injusticia social, y que ello carcome la paz entre los pueblos.

Que en la Declaración Final de la IV Cumbre Cooperativa de las Américas se ha manifestado que los alarmantes datos acerca de la desigualdad en la distribución de la riqueza a escala mundial, son el resultado de procesos ligados a enormes desequilibrios de poder a escala planetaria y que alcanzar las aspiraciones de igualdad y equidad que inspiran nuestro movimiento requieren de una acción consciente y sistemática. No cabe lugar ni tiempo para ingenuidades. La disputa es económica, social, cultural y comunicacional, política, territorial y ambiental (Noviembre 2016, Montevideo).

Que históricamente el movimiento cooperativo ha sostenido que la paz debe estar respaldada por un modelo económico que la promueva. Un ejemplo de esto es el pronunciamiento del Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional de 1913, en Glasgow, en las puertas de la Primera Guerra Mundial: El Congreso desea fijar en el ánimo de los pueblos de todas las naciones la seguridad de que el motivo de la continuación del armamentismo y la posibilidad de conflictos internacionales desaparecerán cuando la vida económica y social de cada nación llegue a organizarse de acuerdo a los principios cooperativos; y señalar que el progreso de la cooperación es, por consiguiente, una de las más valiosas garantías para preservar la paz mundial.

Que para lograr que mujeres y hombres no se vean expulsados por la violencia y la miseria, es necesario reconstruir el tejido social. Y para eso no alcanza el mercado, donde sólo existen meras relaciones de intercambio. Deben construirse relaciones de reciprocidad, de compromiso comunitario. Debe construirse una economía donde haya lugar a la relación entre personas, donde se pueda decidir cómo producir y qué producir a partir del compromiso con la comunidad, y no del afán de lucro de los más poderosos.

Que resulta necesario consolidar un fuerte sector de la economía solidaria, cuyo eje es el movimiento cooperativo, que contribuya a la democracia económica, y dispute espacios a la economía concentrada, responsable de la injusticia social que pone en riesgo la paz entre los pueblos.

Que el cooperativismo de las Américas y del Mundo han demostrado su contribución a la paz y, por lo tanto, deben sostener un firme compromiso para contribuir a la solución de los conflictos que generan violencia y para facilitar la inserción de migrantes y refugiados en el modelo económico fundado en la solidaridad y donde el ser humano sea el eje de sus preocupaciones,

El Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas declara que:

· Repudia la construcción del muro en la frontera entre México y EEUU y de toda política que sustentada en discursos xenófobos, racistas y belicistas, promueva la discriminación y la concentración del poder económico en un territorio en detrimento del desarrollo sostenible global.

· Exige a todos los Estados parte el pleno respeto de los compromisos asumidos en la Carta de la OEA, en particular el compromiso de aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, como condiciones indispensables para la paz y la seguridad.

· Se compromete a acompañar los procesos de pacificación en todo el continente, en particular en Colombia, a partir de la promoción del cooperativismo como modelo que promueve la solidaridad, la reciprocidad y la responsabilidad comunitaria, requisitos para reconstruir el tejido social herido por la violencia.

· Invita a los Estados del continente y a toda la sociedad civil a promover la economía solidaria que incluye al cooperativismo y otras modalidades asociativas para que como sector empresario gestionado en democracia y al servicio de las necesidades de las personas sobre el interés del capital, ayude al proceso de democratización de la economía y enfrente al poder económico concentrado responsable de la exclusión social y la crisis ambiental.

· Se compromete a promover que las cooperativas colaboren en la lucha por acceso igualitario a servicios y oportunidades a las personas migrantes y refugiadas de todo el mundo.

Con cooperación interamericana y economía solidaria nuestro continente podrá presentar al mundo un modelo de diálogo y paz, alternativo a la globalización financiera y a los nacionalismos xenófobos.

Panamá, febrero de 2017